Ante esta situación, los más afectados son los consumidores de estos vehículos, aparte de la propia marca. En el caso de España, desde Facua dicen estar recibiendo una «avalancha» de consultas de usuarios.
La asociación de consumidores asegura que la compañía automovilística debería indemnizar a los clientes mediante la entrega de un coche nuevo o el pago de un importe equivalente al valor del vehículo en caso de que, en una eventual llamada a revisión para retirar el software que truca las emisiones, la compañía se viese obligada a rebajar la potencia de los modelos.
En este caso, el consumidor «tendría derecho a recibir una compensación o a la devolución del importe de vehículo o a su sustitución por otro», ya que «no sería aceptable reparar el fraude con una pérdida de calidad», lo que equivaldría a «defraudar dos veces», subraya Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Por su parte, OCU organismo que forma parte Organización Europea de Consumidores (Beuc) han exigido una «investigación exhaustiva» sobre las emisiones contaminantes y el consumo de combustible de los coches que se venden en Europa tras el escándalo. La organización ha tildado de «engaño» el caso de Volkswagen y ha afirmado que aún quedan por valorar sus implicaciones económicas.
