Ahora veamos el panorama completo: Existen sitios web dedicados a ese tipo de fotografías y videos. Millones de archivos se comparten todos los días con nombres y edades añadidos a la base de datos. Si alguien posee imágenes de nosotros puede subirlas y nos convertimos en parte de una lista en la que alguien nos puede buscar. En el peor de los casos, podríamos teclear nuestro nombre en Google y encontrar un sitio pornográfico con nuestro rostro como uno de los principales resultados en pantalla.
Pero tal exposición pública se trata sólo de la punta del iceberg; del 23 % que han sido víctimas de este crimen informático, alrededor de 90 % son mujeres y la mitad de ellas han sido acosadas por individuos en Internet que han logrado tener acceso a su información. Tomando en cuenta lo anterior, cabe preguntarse: ¿existe una salida?
En noviembre de 2015, el estado de Florida, en Estados Unidos, aprobó una ley que clasifica el “revenge porn” como un delito menor de primer grado. No obstante, si el criminal repite su acción, se convierte en un crimen de tercer grado. Quienes practiquen en esta actividad pueden ser condenados de uno a cinco años de cárcel, pero en un país con más de 300 millones de personas, se requiere una acción más contundente para evitar la proliferación de esta práctica.