Y siguen los avances significativos en la comunidad LGTBI. En esta oportunidad es la comunidad autónoma de España (Cataluña) la que ha emprendido un nuevo protocolo que pretende beneficiar y tratar en igualdad de condiciones a los miembros de la comunidad LGTBI.
El protocolo consiste básicamente en las labores de las empleados que trabajan en las administraciones públicas de Cataluña para hacer frente a los distintos tipos de discriminación e invisibilización (lesbofobia, bifobia, homofobia, transfobia) que vive día a día la comunidad LGTBI.
Dicho protocolo funcionará a partir de la aplicación de la Ley 11/2014 que entró en vigor el 18 de octubre de 2014 para garantizar los derechos de la comunidad LGTBI y para hacer frente y disminuir las manifestaciones discriminatorias, con el fin de evitar espacios y situaciones de violencia, y así garantizar a su vez la libertad sexual y de identidad de género en la comunidad Catalana.
Aunque ha sido un protocolo muy reconocido en Europa, el protocolo ha sido cuestionado y por ende criticado, sobre todo por su falta de aplicación. Sin embargo, es un paso para legitimar a las administraciones públicas como defensores de los derechos humanos y sociales.